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La importancia del agua, los efectos nocivos de la contaminacion de este vital liquido y la punibilidad de esta conducta

March 22, 2006

Por. Daika I. Levy H.
Asistente de Fiscal
Fiscalía Undécima de Circuito

En el afán desmedido por desarrollarnos, conocer nuestra esencia y demostrar la supremacía humana, hemos olvidado nuestras responsabilidades frente a todo lo que nos rodea.

Basta con observar como en los últimos años catástrofes sin precedentes han envestido a diversas partes del orbe, como consecuencia directa de nuestras acciones frente al ambiente.

Situación que ha conllevado a que surja una preocupación real y manifiesta en cuanto a nuestra subsistencia en un entorno degradado. Esto nos ha conducido a buscar instrumentos que hagan emerger nuevas formas de pensamiento que apunten a una cultura ambientalista, por ello, la preservación y conservación del agua como recurso natural por excelencia, ocupa un lugar preponderante.

La importancia del agua se traduce en términos sencillos, simplemente “sin agua no hay vida”, sin agua todo ser viviente está destinado a desaparecer, no obstante pese a ésta realidad palpable, día tras día, observamos como so pretexto del desarrollo o peor aún, de la subsistencia, se devastan recursos hídricos, no sólo mediante la deforestación de grandes extensiones de bosques pertenecientes a cuencas hidrográficas, sino a través, de la contaminación de las aguas ya sean subterráneas, fluviales o marinas. Ejemplo de ello son los derrames de hidrocarburos, el vertimiento de aguas servidas a ríos y quebradas, la falta de acueductos que da al traste con un inadecuado manejo y tratamiento de desechos orgánicos, la inexistencia de una planificación para el tratamiento de desechos industriales y así, un sin número de acciones del ser humano que reflejan nuestra irreverencia para con el medio, lo que ha provocado que se produzcan efectos inimaginables que van desde la escasez y agotamiento del recurso, hasta la extinción de especies de la flora y fauna mundial, todo esto sin mencionar las repercusiones que han afectado la salud de miles de personas y las fuentes de alimentación.

En vista de este crítico panorama y con la finalidad urgente de conservar el agua, en su mayoría, las naciones del planeta han decidido responsabilizar a quienes realicen acciones encaminadas a destruir el ambiente y por ende los recursos naturales, en especial el que nos ocupa. Dicha responsabilidad ha sido encaminada a las materias civil, penal y administrativa, siendo esta última la mayormente aplicada, pues el conglomerado tiende con mayor frecuencia a recurrir ante las autoridades administrativas, frente al daño ambiental, que a las civiles o penales.

Nuestro país no escapa de esta realidad y desde 1963 hasta la fecha ha realizado esfuerzos de preservación en esta materia, así pues, se ha convertido en suscriptor de una multiplicidad de convenios internacionales y regionales que tratan el tema, entre ellos la Ley 63 de 4 de febrero de 1963 aprueba la Convención Internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos celebrada en Londres en 1954; Ley 17 de 23 de octubre de 1975 aprueba el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos; Ley 18 de 23 de octubre de 1975 que aprueba el convenio sobre la Contaminación del Mar por vertimiento de desechos y otras materias; más recientemente se advierte la Ley 38 de 4 de junio de 1995 que aprueba el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Ley 91 de 15 de diciembre de 1998 aprueba el Convenio Internacional de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de daños causados por la Contaminación de Hidrocarburos.

Aun cuando, como en otras latitudes, en Panamá, siempre predominó la sanción de tipo administrativa, a partir de la Ley 5 de 28 de enero de 2005, se responsabiliza penalmente a quien atente contra el ambiente. Con la denominada ley de delitos ambientales, a través de su Capítulo I, Delitos Contra los Recursos Naturales se establece pena de prisión que fluctúa entre los 2 y 4 años, para quien contamine o degrade los recursos naturales, contemplando esta tipología delincuencial acciones en contra del agua ( cuando se cause daño a cuencas hidrográficas, se afecten recursos hídricos, se destruyan ecosistemas costeros marinos o humedales, cuando se desvíe el curso de ríos o se impida el libre flujo y reflujo de las aguas, afectado directamente ecosistemas) todo lo cual constituye un agravante para la conducta punible.

No obstante, si bien es cierto que la ley es un logro y pretende
castigar a todo aquel que cometa crímenes contra el ambiente, los
efectos punitivos se desvanecerán sin una real y adecuada política ambiental que vaya acompañada de su herramienta más eficaz, la educación.

Debemos dirigir la mayor cantidad de esfuerzos y recursos para reeducar
a la población, pues sólo así se obtendrán resultados concretos, ya que
en la medida en que se conozcan las implicaciones que tiene el maltrato
al medio ambiente, se creará conciencia en cuanto a su conservación y
protección. La preservación de nuestro primer recurso natural, es tarea de todos.

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